¿Impuesto revolucionario?

Es sabido que las empresas no son ONGs, que están para ganar dinero. En el mundo de la prensa sucede lo mismo, pero ¿dónde está el límite de lo ético? ¿Se puede usar el poder de la información para extorsionar?

En el Campo de Gibraltar hay dos empresas periodísticas que aplican métodos similares con sus potenciales "clientes", que suelen ser tanto organismos públicos como grandes empresas. El sistema es bien sencillo, o bien publican páginas publicitarias que no les han sido contratadas, o bien copian los anuncios insertados por esos "clientes" en otros medios escritos y los editan al día siguiente. Luego envían las correspondientes facturas a sus forzados compradores.

Si de da el caso que alguna empresa o entidad pública, preferentemente ayuntamientos, se niega a pagar lo que podría calificarse como "impuesto revolucionario" entonces tendrá que soportar una campaña en contra que se prolongará tanto en el tiempo como tarde en abonar los "atrasos".

Esas dos empresas son el diario Area y Publicaciones del Sur, ésta a través de su diario El Faro.

Está claro que su intención es jugar con el miedo de cualquier político a un machaqueo continuo, obteniendo así pingües beneficios. Lo mismo ocurre con ciertos empresarios, sobre todo si dirigen cualquier empresa contaminante o inmobiliaria.

Es así como el miedo a la mala prensa se convierte en un factor que saben aprovechar esos avispados para lograr cuantiosos réditos. Las víctimas más jugosas son los partidos políticos, mucho más si dirigen algún ayuntamiento y se acercan nuevas elecciones.